El pleno extraordinario había sido solicitado por los socialistas para revisar tres expedientes, dos de ellos relativos al servicio de recogida de basura y otro vinculado a la paralización de las obras que Agamed está ejecutando con destino a sus oficinas y a la sede universitaria de Torrevieja.

Acciona es la empresa que resultó hace quince meses adjudicataria del servicio que consiste en recogida de residuos urbanos, transporte a vertedero, limpieza viaria y mantenimiento de playas, por lo que cobra, de forma aproximada, dos millones de euros mensuales.

En su intervención, Soler habló de los graves incumplimientos de Acciona que han dado lugar, según la prensa, a la detracción de una cantidad cercana al medio millón de euros en la factura presentada por Acciona correspondiente al mes de julio y al inicio de un expediente sancionador por otros 300.000. Esta clase de medidas ya habían sido solicitadas por el grupo municipal socialista en la rueda de prensa ofrecida el día 21 de agosto.

La portavoz socialista se a este contrato como“es el más caro firmado por el Ayuntamiento y establece los derechos y las obligaciones tanto de la empresa como del propio Ayuntamiento” y “precisamente hemos venido a hablar de la parte que concierne al Ayuntamiento”. 

Según las cláusulas del contrato enumeradas y leídas en la sesión plenaria por Soler, el Ayuntamiento está obligado a efectuar una labor de control sobre la calidad de los servicios prestados por Acciona para valorar el grado de cumplimiento de los mismos y así poder justificar la detracción de cantidades de las facturas cuando los resultados no hayan sido aceptables. 

Este es precisamente el objetivo de la empresa Quipons, autora de los informes desvelados por el grupo municipal socialista en rueda de prensa que acreditan los más de 50 incumplimientos de la mercantil Acciona. Quipons comenzó su labor a mitad de junio de este año, por lo que el Ayuntamiento habría tenido que ocuparse del seguimiento y control del contrato de Acciona “por sus propios medios” hasta entonces, cosa que no hizo. Por este motivo, no se han acreditado los incumplimientos de Acciona previos a la entrada de Quipons ni se han podido detraer cantidades. Es mas, afirma Soler que se han pagado servicios que no se han estado prestando, según consta en los informes y en las comunicaciones entre Acciona y el Ayuntamiento.

“Aclárennos dos cosas: por qué se ha pagado por servicios no prestados y por qué el Ayuntamiento ha esperado un año entero para exigir el cumplimiento e imponer sanciones en vista de los flagrantes incumplimientos de la empresa desde el inicio contrato. Porque si es medio millón de julio, imagínense lo que podrían llevar ahorrado del dinero de los contribuyentes si se hubieran empezado a detraer estas cantidades desde el momento en que se pudo”.

El alcalde, que no dejó intervenir a la concejal del área, se excusó en la supuesta existencia de una fase transitoria de un año que finalizó en julio, algo a lo que Soler respondió leyendo nuevamente el contrato en el que se plasma un periodo de prueba de seis meses, por lo que la empresa podría haber empezado a ser sancionada a principios de este año si el Ayuntamiento hubiese llevado a cabo el control de calidad de los servicios “conforme el contrato le encomienda”.

“Aquí ha habido una dejadez de funciones del Ayuntamiento, una inacción absoluta que nos ha salido muy cara a todos los ciudadanos” en palabras de Soler, “a Acciona se le ha permitido una barra libre de incumplimientos con una tarifa plana de pago a costa de uno de cada cuatro euros del presupuesto municipal” y, a su juicio, “eso no se puede consentir, eso no puede quedar impune”.

En cuanto a la fiscalización del expediente relativo a los informes de Quipons, segundo punto del orden del día, la portavoz se lamentó de que la empresa no pudiese llevar a cabo su trabajo en condiciones porque Acciona no está mostrándose colaborativa, por lo que hay servicios que no pueden ser controlados. Bárbara Soler quiso destacar que los informes hablan de “deterioro de la imagen de Torrevieja”, algo que reforzó mostrando una publicación de un medio de habla inglesa cuyo titular afirma que vivir en Torrevieja es como vivir en los suburbios, “así nos ven nuestros residentes ahora”, algo que la portavoz considera suficiente para exigir a Acciona daños y perjuicios además de las sanciones previstas. 

Asimismo, advirtió los informes acreditan la falta de medios personales y materiales para llevar a cabo los servicios, posicionándose del lado de los trabajadores.

Finalmente puso de manifiesto que Quipons afirma que existe una falta total de limpieza en algunas urbanizaciones, algo que, añadió Soler, unido al hecho de que según lo previsto en el contrato los contenedores han sido situados más lejos de las viviendas que en el centro, constata que para el equipo de gobierno del PP los ciudadanos de las urbanizaciones son ciudadanos de segunda.

El último punto del orden del día relativo a la fiscalización del expediente sobre el derecho de superficie que el Ayuntamiento ha cedido a Agamed, empresa suministradora de agua, a fin de que construya sus oficinas y la sede universitaria, contó con el voto a favor del grupo municipal socialista. 

Según su portavoz, la obra llevaba un mes parada por error, por un informe que había sido emitido por un órgano que no tenía esa competencia, destacando que dos días después de solicitar el pleno de fiscalización de este expediente el equipo de gobierno de PP solicitara un informe a la asesoría jurídica del ayuntamiento donde se afirma que las obras deben continuar. 

“Ustedes van a rebufo del grupo municipal socialista”, espetó Soler, que aseguró que el PP no había “movido ficha” hasta que se vio obligado por el PSOE de Torrevieja, algo parecido a lo ocurrido con la presión ejercida en el asunto de las basuras.