Hace escasos meses que el Comité firmó con la Conselleria del Botànic un acuerdo cuyo objetivo era intentar equiparar de forma gradual las condiciones laborales del personal estatutario y laboral que, tras la reversión, resultan muy dispares a pesar de llevar a cabo las mismas tareas. No obstante, el actual gobierno de PP y Vox ha afirmado que considera que el acuerdo es nulo porque carece de dotación presupuestaria y adelanta que no lo va a cumplir.

La portavoz socialista, Bárbara Soler, ha defendido el convenio asegurando que es vinculante porque fue negociado y firmado con la Conselleria, no con un partido político, y lo contrario implicaría proceder en contra de los actos propios por parte de la administración autonómica. Además, el acuerdo fue ratificado ante un Tribunal de Arbitraje Laboral y registrado, lo que le proporcionaría la misma eficacia que a un Convenio Colectivo según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Asimismo, ha expresado su sorpresa por el hecho de que el Partido Popular de Torrevieja todavía no se haya posicionado públicamente al lado de los trabajadores como sí hizo en otras ocasiones y ha manifestado que Eduardo Dolón debe hacer uso de su posición privilegiada en Valencia para defender los intereses del municipio y exigir el cumplimiento del acuerdo en su integridad “porque este no es un asunto partidista sino que de él dependen tanto los derechos de los trabajadores como la calidad asistencial de los pacientes de todo el área 22, que se verá seriamente mermada si estos profesionales acuden a la huelga o incluso si deciden libremente buscar otro destino, lo que sería una tragedia teniendo en cuenta su dilatada experiencia y su trayectoria y la patente carencia de personal sanitario”.

Soler mantiene que el pretexto del nuevo gobierno autonómico para no cumplir el acuerdo “es inasumible para cualquier ciudadano” y añade que “esa cifra se puede sacar de cualquier partida, ya que incluso existe una para gastos diversos y estamos hablando de una suma ínfima en relación a una Conselleria que maneja un presupuesto de más de ocho mil quinientos millones de euros”. 

Para la portavoz, la excusa es burda e inaceptable, pues este nuevo gobierno “venía a arreglarlo todo, pero lo que ha hecho es empezar por desmontar aquello que funcionaba, incluidos los acuerdos alcanzados en materia de sanidad, por mero sectarismo político”. Según Soler, “a nadie se le pasa por la cabeza que esto estuviera puesto sobre la mesa en hospitales como La Fe o el Clínic, ¿por qué sí en Torrevieja? ¿estamos demasiado lejos de Valencia como para que importe nuestra calidad asistencial?”. 

En este sentido, Bárbara Soler ha recordado que este no es el único recorte que se pretende hacer en el ámbito sanitario en nuestro municipio, pues la inversión para la ampliación del Hospital “prácticamente ha desaparecido” y apunta a que este es un hecho muy grave teniendo en cuenta el crecimiento desbordado que está previsto que tenga la población con la construcción de miles de nuevas viviendas en las que habitarán ciudadanos “a los que, simplemente, no se les podrá brindar una sanidad pública de calidad”. Esta consecuencia no sería imprevista, porque, advierte, “así es como funciona la derecha, hace recortes brutales y se sienta a esperar para poder decir después que lo público no funciona” y asegura que “no se puede anunciar a bombo y platillo que la primera medida en el gobierno es la supresión de ciertos impuestos que solo afectan a las rentas más altas y después decir que no hay presupuesto para asegurar la calidad asistencial de los ciudadanos que acuden a la sanidad pública; eso es mezquino y miserable”.

La socialista ha acabado señalando que, en definitiva, “lo que falta no es ni un informe ni el dinero, lo que falta es, únicamente, voluntad política para cumplir un acuerdo que es legal, justo y totalmente viable”.

Por todo ello, el Partido Socialista de Torrevieja ha ofrecido su solidaridad y apoyo a los trabajadores y al Comité de empresa y ha anunciado que ha iniciado las conversaciones con los correspondientes diputados autonómicos para que el cumplimiento se exijade forma contundente “aquí y allí”.