Por Bárbara Soler, PSOE
La decisión de poner fin a los rascacielos en primera línea de nuestro municipio ha sido ampliamente respaldada por la ciudadanía. Sin embargo, el Partido Popular (PP) sigue empeñado en defender estos proyectos.
El Tribunal Supremo (TS) ya determinó el pasado año que los informes de Costas son obligatorios y vinculantes. Además, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló el estudio de detalle de las Torres Baraka aprobado por el PP, que contemplaba la construcción de dos torres de 26 pisos. El PP insiste en atribuir este estudio al gobierno anterior, pero mienten: se trataba de un proyecto diferente, que no incluía la remodelación del parque. Fue el PP quien incorporó esta modificación, aceptando la eliminación de árboles, como consta en el anteproyecto de urbanización.
Un parque reducido a la mitad
Según el anteproyecto, se preveía la plantación de nuevas palmeras de gran porte y el trasplante de especies “incompatibles con la nueva ordenación”, lo que implicaba la tala de cinco árboles y el trasplante de otros treinta. Además, el césped sería sustituido por terrizo y hormigón. En total, el parque actual, de 9.000 m², se reduciría a tan solo 3.080 m² de zonas verdes, perdiendo más de la mitad de su superficie. Solo gracias a las contundentes alegaciones ciudadanas se logró proteger parte del arbolado, incluidos cuatro árboles monumentales catalogados.
La amenaza de 18 rascacielos
Este problema trasciende las Torres Baraka. El PP ha defendido la construcción de hasta 18 rascacielos en primera línea: dos Torres Baraka, tres en el Campico de San Mamés, diez detrás de la playa de los Náufragos y tres en la curva del Palangre. Estas torres, de hasta 82 metros de altura, incrementarían considerablemente la población en una ciudad que ya enfrenta una grave falta de infraestructuras sanitarias, educativas y de aparcamiento. Además, se están construyendo 7.000 nuevas viviendas en la Hoya, lo que supondrá un aumento de 20.000 habitantes.
Construcción vertical: sí, pero con planificación
El PSOE no se opone a la construcción en vertical. Bien planificada, es una forma eficiente de aprovechar el espacio. Un ejemplo de esto es Benidorm, donde los rascacielos se integran en un modelo urbanístico coherente. En Torrevieja, por el contrario, la improvisación es constante. Nuestro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) data de 1986 y acumula más de 100 modificaciones puntuales. Costas ya ha advertido que las torres previstas “limitan el campo visual, añaden un indeseado efecto de verticalidad y rompen con el paisaje”, incumpliendo el artículo 30 de la Ley de Costas.
El PP persiste en su estrategia
A pesar de tres sentencias contrarias, el PP sigue defendiendo los rascacielos. El alcalde ha llegado a afirmar que negociará con Costas para desbloquear los proyectos, lo que equivale a pedir que se incumpla la ley. Además, algunos promotores han declarado que esperan un cambio en el escenario “legal y político”.
El PP también ha intentado culpar al gobierno central, acusándolo de frenar el desarrollo de Torrevieja. Pero Costas no responde a criterios políticos, sino jurídicos, y su labor es garantizar el cumplimiento de la ley.
Mantengamos la vigilancia
En lugar de archivar el expediente de las Torres Baraka, el PP pretende retrotraer las actuaciones para evitar que la tramitación deba empezar desde cero. Esto demuestra que no está dispuesto a abandonar su apuesta por los rascacielos.
La ciudadanía debe permanecer alerta. La defensa de un crecimiento urbano sostenible y respetuoso con el entorno es una tarea de todos. Torrevieja merece un futuro en el que el progreso no signifique sacrificar su único pulmón verde y la calidad de vida de sus habitantes.
